Nintendo gana demanda de $2 millones contra modder de Switch.

Un especialista en modificación de consolas Nintendo que continuó con sus operaciones comerciales a pesar de recibir advertencias formales de la compañía, y que posteriormente optó por representarse a sí mismo en el proceso legal resultante, ha sido condenado a pagar daños y perjuicios por un total de 2 millones de dólares.

En julio de 2024, Nintendo presentó una demanda contra Ryan Daly, residente de Míchigan, alegando que operaba una empresa llamada Modded Hardware. Se acusó al negocio de vender consolas Nintendo Switch modificadas, copias no autorizadas de juegos y dispositivos como el MIG Switch que facilitan la piratería de software.

Aunque Nintendo ya había notificado previamente a Daly y exigido que cesara sus actividades, él continuó. Esto llevó a la compañía a iniciar una demanda. Documentos judiciales de octubre del año pasado revelaron que Daly optó por defenderse en el tribunal sin un abogado, manteniendo su inocencia y presentando varios argumentos en su defensa.

Casi un año después, y quizás como era de esperar, Nintendo ha prevalecido en el caso. Una sentencia emitida el 5 de septiembre ordena a Daly pagar 2 millones de dólares en daños y perjuicios y lo somete a una orden judicial permanente, prohibiéndole cualquier participación futura en actividades que permitan la piratería.

El tribunal determinó que Daly, el operador confirmado de Modded Hardware, vendió dispositivos que eluden la protección de derechos de autor, consolas hackeadas y chips de modificación. Estas acciones causaron un "daño significativo e irreparable" a Nintendo of America y permitieron la creación, distribución y reproducción a gran escala de juegos pirateados de Nintendo. Los registros legales confirman que Daly continuó representándose a sí mismo durante todo el caso.

La exitosa acción legal de Nintendo es la más reciente en una serie de esfuerzos para hacer cumplir la ley contra la piratería de videojuegos. La compañía ha llevado casos similares contra otras personas, como Gary Bowser, un ex empleado de una empresa que vendía dispositivos para eludir las protecciones antipiratería. Bowser cumplió una condena de prisión y fue condenado a pagar 14,5 millones de dólares en restitución, una obligación financiera que ha declarado que durará toda su vida.